Contrato de Afiliados y Asociados — versión con fundamento legal

Sin riesgo. No requiere amparo legal específico — es la definición del objeto del contrato, válida por libertad de contratación (arts. 958 y 959, Código Civil y Comercial): "Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido... Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes."

Bien amparada. Art. 1479 CCyC: "Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución." Art. 23, 1º párrafo, Ley 20.744: "El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario." Esta cláusula es, justamente, la prueba en contrario que exige el propio artículo.

Bien amparada. Art. 23, 2º párrafo, Ley 20.744: "La presunción [de relación laboral] no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación." Reforzado por CSJN, "Rica, Carlos Martín c/ Hospital Alemán y otros s/despido" (24/04/2018): rechazó el reclamo de relación de dependencia de un monotributista que facturaba con montos no correlativos, variables según lo efectivamente prestado — mismo patrón que exige esta cláusula.

Bien amparada. Art. 1486 CCyC: "Si no hay un pacto expreso, la remuneración del agente es una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos y, en su caso, concluidos por el agente, conforme con los usos y prácticas del lugar de actuación del agente." Que la comisión exista solo si hay pago real, y se corte si la tienda deja de pagar, es exactamente la lógica de comisión variable que exige este artículo — y el mismo patrón de facturación variable mes a mes que la CSJN usó a favor del vínculo comercial en el fallo "Rica" (ver cláusula 3).

Bien amparada. Art. 1021 CCyC (efecto relativo de los contratos): "El contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes; no lo tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley." tol.ar no es parte del acuerdo entre el Afiliado/Asociado y el tercero, así que no le genera obligaciones.

Bien amparada. Mismo respaldo que la cláusula 2 (art. 1479 CCyC y art. 23 LCT): la ausencia de exclusividad, horario y control de método son justamente los elementos que un juez revisa para descartar la presunción de relación laboral del art. 23. Refuerza la prueba en contrario, no la debilita.

Sin riesgo. No hay una norma específica que lo exija ni que lo prohíba — es una medida de resguardo del propio negocio, válida por libertad de contratación (arts. 958/959 CCyC), no una obligación legal.

Parcialmente amparada — con un matiz a verificar. Art. 4, Ley 22.362 (Marcas y Designaciones): "La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro." Esa exclusividad fuerte (oponible a cualquier tercero) solo existe si 'tol.ar' / el nombre comercial está efectivamente registrado ante el INPI — dato que no tengo verificado en este momento. Sin ese registro, la restricción de uso sigue siendo válida, pero únicamente como licencia contractual entre las partes (libertad de contratación, arts. 958/959 CCyC), no como derecho de marca oponible a terceros ajenos al contrato.

RIESGO REAL, sin corregir todavía. La baja "sin expresión de causa y sin penalidad" (sin preaviso) choca con el art. 1492 CCyC: en un contrato de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede rescindirlo con un preaviso de un mes por cada año de vigencia, y la ley solo permite pactar plazos MAYORES a ese mínimo, nunca menores ni su eliminación. El art. 1493 CCyC agrega: "la omisión del preaviso [...] otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el período." Tal como está escrita hoy, esta cláusula no cumple ese mínimo — es el punto más expuesto del contrato real. El reclamo posible sería acotado (la comisión de los meses de preaviso omitido, según la antigüedad del vínculo), no una indemnización laboral completa, pero es un reclamo real y hoy sin cobertura contractual. Pendiente de que Ariel decida si se agrega un preaviso corto. La parte de baja de una tienda puntual por incumplimiento sí está bien amparada: art. 1494, inc. e), CCyC habilita la resolución inmediata, sin preaviso, ante "incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes."

Bien amparada. Art. 4, Ley 25.326: "Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido." Usar nombre/email/CUIT solo para gestionar el programa y pagar comisiones cumple ese límite de finalidad.

Válida, con un matiz de nombre a corregir. El mecanismo real (tildar casilla + registro de fecha/hora/IP/versión) encuadra como "firma electrónica" (art. 5, Ley 25.506: "conjunto de datos electrónicos [...] utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital"), no como "firma digital" (art. 2: requiere un procedimiento matemático/certificado digital bajo control exclusivo del firmante). La diferencia importa para la prueba: la firma digital tiene presunción de autoría a favor de quien la invoca; la firma electrónica, si el firmante la desconoce, obliga a tol.ar a demostrar su validez — por eso el registro de IP/fecha/hora/versión que ya se guarda es justamente lo que permitiría acreditarla. El texto público llama a esto "Firma Digital"; legalmente es "firma electrónica" bajo la misma ley. Sigue siendo válido, pero conviene no usar el nombre más fuerte del que corresponde.

Bien amparada. Art. 1486 CCyC (comisión variable sobre el valor real del acto, ya citado en cláusula 4) + art. 9 CCyC (principio de buena fe, exigible a cualquier modificación futura del programa) + libertad de contratación (arts. 958/959 CCyC) para el derecho a modificar condiciones hacia adelante, siempre que no afecte lo ya devengado.

Bien amparada. Art. 1021 CCyC (efecto relativo, ya citado en cláusula 5): tol.ar no es parte del vínculo entre el Afiliado/Asociado y su cliente final. La cláusula de indemnidad es válida por libertad de contratación (arts. 958/959 CCyC) — es un traslado contractual de responsabilidad entre partes, no afecta el derecho del tercero a reclamar, solo determina quién responde después entre el Afiliado/Asociado y tol.ar.

Sin riesgo — y es justamente lo que evita un riesgo mayor. No hay una norma que prohíba un programa de referidos de un solo nivel ligado a un producto/servicio real (no es el caso de tol.ar). El riesgo que esta cláusula previene es otro: arts. 309 y 310 del Código Penal castigan la intermediación financiera no autorizada, figura típica de los "sistemas piramidales" cuando el dinero de los nuevos ingresantes paga a los anteriores sin que haya producto o servicio real de por medio. Al limitar el programa a un solo nivel, atado siempre a una tienda real que paga un plan real, esta cláusula mantiene al programa fuera de esa figura. Base contractual de la prohibición en sí: libertad de contratación (arts. 958/959 CCyC).

Sin riesgo. No hay una norma específica sobre este punto — es una regla interna de desempate, objetiva y verificable (orden de registro en el sistema), válida por libertad de contratación (arts. 958/959 CCyC).

Bien amparada. Art. 2277 CCyC: la herencia transmite "todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento" — admite que un derecho se pacte como intransmisible por fallecimiento. La prohibición de cesión en vida (venta o transferencia a un tercero) es válida por libertad de contratación (arts. 958/959 CCyC), ya que no es un derecho de los que la ley impone como cesible de forma obligatoria.

Bien amparada, con la base legal correcta aclarada. No es el "derecho de retención" del art. 2587 CCyC (ese regula la retención de una cosa, no de un pago en dinero) — se sostiene como una condición contractual de exigibilidad del pago, válida por libertad de contratación (arts. 958/959 CCyC). Además protege la clasificación de vínculo independiente: pagar sin la factura exigida por el art. 23, 2º párrafo, LCT (ver cláusula 3) se parecería más a pagar un sueldo sin la documentación que ese artículo exige para descartar la relación laboral.